Autonomía
A través de dicha organización, Manabí está planteando al país la necesidad de impulsar un proceso de autonomías provinciales, que debe reconocer el legítimo derecho de las 22 provincias que actualmente integran el territorio ecuatoriano, de planificar, administrar su propio desarrollo y procurar el bienestar de sus habitantes. Para el efecto se requiere avanzar en un proceso de concertación nacional.
Manabí ha formulado al país su planteamiento de ser considerada a futuro como
provincia autónomo, para cuyo efecto propone:
1) Que se reforme la
Constitución, y en sustitución de los Consejos Provinciales se creen Consejos de
Desarrollo Provincial, que estén presididos por un Gobernador elegido
democráticamente en cada provincia. Este Consejo de Desarrollo Provincial tendrá
la coparticipación de consejeros elegidos por distritos electorales,
representantes de las municipalidades, de funcionarios del gobierno central,
especialmente en áreas como la salud y la educacion, delegados de las
universidades y escuelas politécnicas de la provincia, delegados de los Colegios
de Profesionales, de representantes de los sectores productivos agrupados en las
Cámaras de la Producción, de delegados de la Asociación de Artesanos, de
representantes de entidades creadas para impulsar el desarrollo económico
regional como el caso del Centro de Rehabilitación de Manabí, Junta de Recursos
Hidraúlicos de Jipijapa y Paján, Empresa Eléctrica, Empresa de Aguas Potable,
Autoridad Portuaria de Manta y otras similares, y de representantes de
organizaciones laborales, campesinas y barriales.
2) El que los tributos al
consumo como el impuesto al IVA, el impuesto a la circulación de capitales, el
impuesto a los consumos especiales, impuesto a las operaciones crediticias,
impuesto a la matriculación de vehículos, entre otros, sean recaudados
directamente y distribuidos por el Consejo de Desarrollo Provincial, en base a
parámetros claramente determinados que consagren la igualdad y solidaridad y
sean repartidos entre los distintos cantones o localidades de la provincia,
dejando precisado en este punto que lo que se recaude por impuesto al consumo
sea entregado a la provincia donde se produce el consumo y origina el tributo.
Que así mismo, todo aquello que signifique tasas por servicios prestados dentro
de la jurisdicción provincial, incluyendo concesiones de vía pública, tasas por
peaje y otras establecidas en las leyes de régimen provincial y municipal, sean
recaudados también por el Consejo de Desarrollo Provincial, y distribuidos con
igual criterio que los impuestos al consumo, debiendo dotarse para estos efectos
de capacidad legislativa al máximo organismo de carácter provincial, en su
condición de gobierno intermedio entre el gobierno central y los gobiernos
seccionales o locales.
3) Los ingresos que perciba el Estado por venta de
combustibles, aranceles aduaneros a las importaciones, impuesto a la renta,
incluyendo la generación de ingresos por la exportación de petróleo y otros que
perciba el país por exportación de productos exportables se distribuyan en base
a tres parámetros: a) Contribución de la provincia al Producto Interno Bruto; b)
Número de habitantes; e) Necesidades básicas insatisfechas. Con esta fórmula
habrá una más igualitaria y justa distribución de la riqueza nacional y se
estimulará al mismo tiempo una mayor producción.
4) Se reactive el aparato
productivo del país, por la vía de facilitar créditos a los pequeños y medianos
productores, que en el caso de Manabí ha tenido una gran influencia histórica en
la producción nacional, por su acentuada vocación agrícola y pesquera. Creemos
conveniente el restablecimiento de líneas de créditos del Banco Central, que
favorezcan a los indicados sectores, con plazos, intereses y condiciones que
respondan a la rentabilidad de sus actividades, pues la llamada "banca de
segundo piso" ha sido perjudicial para los pequeños y medianos
productores.
En este punto es indispensable reflexionar, y así lo consideró
la Asamblea de instituciones manabitas, que de los factores que más contribuyen
a una muy mala distribución de la riqueza en el país es la excluyente y desigual
distribución del crédito, que concentra en grandes empresas y en pocos grupos de
poder político y económico de las grandes urbes como son Quito y Guayaquil.
Desgraciadamente Manabí ha sido castigada en las tres últimas décadas,, pues
antes recibía algún tipo de ayuda crediticia a través del Banco de Fomento y del
propio Banco Central.
5) Proponer que el pago de la deuda externa se haga en
forma proporcional, de acuerdo a la inversión que se ha realizado en cada
provincia del país.
No es justo que el pago de esta deuda, que tanto está
influyendo en la vida y bienestar de los ecuatorianos, sea pagada por igual por
quienes nada o muy poco han recibido de los créditos externos que no siempre
fueron bien priorizados y utilizados por los funcionarios del Estado
Ecuatoriano, al contratarlos y obtenerlos. Consideramos también inaplazable
solicitar una reestructuración de esta deuda, que castigue a los acreedores
especuladores, con lo cual se operaría una disminución de su monto y su
amortización.
6) Para un eficaz ejercicio de la autonomía es imperioso
redefinir la elección y conformación de los entes sociales. Consideramos que
cada cantón debe tener un Alcalde elegido por votación popular, directa y
secreta, pero estimamos, concomitantemente, que los concejos cantonales deben
ser reemplazados por asambleas cantonales, que tengan la potestad de legislar en
materia de ordenanzas locales, pero esos asambleístas municipales deben elegirse
por distritos electorales de los distintos sectores urbanos y rurales,
considerando un determinado número de habitantes del cantón, que será fijado por
el Consejo de Desarrollo Provincial o por una Ley que se dicte a nivel nacional.
De esa manera se volverá mucho menos politizado el manejo de los municipios, se
conviertan en los organismos rectores del desarrollo de sus respectivas
comunidades y no sirvan como comités electorales de futuras campañas de los
partidos políticos que lo controlan.
Igual criterio debe adoptarse, y en ello
también es imprescindible una reforma constitucional, que la elección de los
legisladores nacionales y provinciales (que integren el Congreso Nacional y el
Consejo de Desarrollo Provincial) sean por distritos electorales. Sin duda los
municipios son, por historia y por derecho, las instituciones llamadas a cumplir
el rol de ejes de la descentralización del Estado, siendo también pertinente que
se adopte la tesis que tiene establecida la provincia de Córdova, en la
República Argentina, mediante la cual el 10% de los presupuestos municipales son
entregados para que sigan administrados directamente por las propias comunidades
barriales o de recintos, fomentando un sólido espíritu comunitario en la base de
la pirámide social.
7) Paralelamente a la descentralización deben crearse
Comités de Control Cívico de la Corporación Provincial, e inclusive Cantonales y
Parroquiales, para ello sugerimos que esos comités estén integrados por un
representante de los medios de comunicación social, un representante de la
Asociación de los Derechos Humanos de cada provincia, una representante de las
Asociaciones Femeninas de cada provincia, un representante de las Cámaras de la
Producción de la provincia, un representante de los sectores laborales de la
provincia, un representante de las Universidades y Escuelas Politécnicas, un
representante de los Colegios de Profesionales, un representante de las
organizaciones barriales y de recintos, con lo cual se persigue un mejor y más
ético y transparente uso de recursos públicos.
8) Los manabitas estamos
conscientes que la primera premisa, para un buen desarrollo provincial o
regional, es que aquello solo será posible en la medida que las instituciones
locales sean eficientes y responsables en una justa recaudación de tributos, y
en el buen empleo de los mismos, con lo cual se contribuirá a desactivar aquella
mentalidad de seguir creyendo en un paternalismo estatal, cuyo modelo está
agotado en el estado moderno.
9) Es urgente que las instituciones de control
y de crédito del Estado, como el caso de Contraloría General del Estado,
Procuraduría General del Estado, Banco del Estado, Defensoría del Pueblo,
Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de
Telecomunicaciones, Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la
Vivienda, Banco de Fomento, desconcentren totalmente sus decisiones
administrativas, que permita que las oficinas de carácter provincial tengan las
facultades más amplias, que viabilicen una ágil gestión de estos organismos y de
los entes seccionales en la ejecución de acciones u obras, orientadas a
favorecer el bien común, debiendo resaltar que aquello ya lo dispone el artículo
29 de la Ley de Descentralización y participación social, en actual
vigencia.
Urge también una total descentralización del IESS, cuya acción como
institución es clave en el bienestar social de los ecuatorianos.
10) Que la
Dirección Nacional de Aviación Civil decida, de una manera puntual y concreta,
declarar al Aeropuerto de Manta como Aeropuerto Internacional alterno del
Aeropuerto de Guayaquil, y al mismo tiempo solicitar frecuencias aéreas, sobre
todo para la exportación de productos de fácil descomposición, como mariscos.
Así mismo, que la Dirección de la Marina Mercante y el Consejo Nacional de
Puertos implemente, sin dilaciones, la operación como Puerto de Transferencia
Internacional del Puerto de Manta.
11) Hasta tanto se vayan implementando
reformas legales y resoluciones administrativas, demandamos se apruebe en el H.
Congreso Nacional la creación de la Junta de Desarrollo de la Zona Norte de
Manabí, la cual se financiaría con el 2% de la recaudación total que perciba el
Estado por la venta de combustibles y sus derivados.
12) Encargar a la Cámara
de Turismo de Manabí ejecute todas las acciones pertinentes para lograr un mejor
aprovechamiento de las potencialidades turísticas de Manabí, dado sus ricos y
variados recursos de atracción turística. Así mismo, se confía al Comité Cívico
Interinstitucional de Manabí, que se conformó para impulsar la condición de
provincia autónoma de Manabí, se mantenga en sesión permanente hasta obtener la
debida respuesta a los planteamientos.
